La Factura Electrónica será obligatoria en España
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que afectará a todas las empresas y autónomos del país. Se trata de la Ley de Creación y Crecimiento, que entrará en vigor durante los próximos meses, y que tiene como principal objetivo impulsar la inversión productiva, la innovación y la modernización de las empresas.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley, también conocida como Crea y Crece, es que promueve el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos como medida de digitalización empresarial y como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En relación con el uso de la Factura Electrónica, la Ley contempla los siguientes aspectos clave:
eDiversa Group ayuda a sus clientes a adaptarse a esta nueva situación
18 años de experiencia avalan nuestro conocimiento del mercado. Nuestro bagaje y las particularidades de este mercado nos han permitido desarrollar productos que aportan soluciones reales adaptadas a las nuevas necesidades de los usuarios.
En el marco de la Factura Electrónica, nuestras soluciones cumplen con todos los requisitos de la Ley y disponen de todas las funcionalidades que se puedan necesitar.
Si quieres tenerlo todo listo para cuando entre en vigor la nueva Ley, no dudes en contactar con nosotros. ¡Te acompañaremos durante todo el proceso!
En relación con el uso de la Factura Electrónica, la Ley contempla los siguientes aspectos clave:
- Todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos.
- Las facturas electrónicas deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa de facturación.
- Las empresas y autónomos deberán facilitar el acceso a los programas informáticos necesarios para que los destinatarios puedan gestionar sus facturas de manera gratuita durante el plazo general de prescripción de 4 años.
- Se contempla, igualmente, un régimen sancionador específico por no ofrecer a los clientes la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitir su descarga, con una multa pecuniaria de hasta 10.000 euros.
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